El análisis será amplio así que se buscará hacer una Crónica al respecto. Comenzamos con el caso que llamo la atención del país el 8 de septiembre de 2011: la detención del ex Presidente del Banco Central de Bolivia, el señor Juan Antonio Morales.

Desde el momento en que dieron Detención Preventiva al ex Presidente del Banco Central de Bolivia, el Dr. Morales, y no así una medida sustitutiva, todo por ser SOSPECHOSO de delitos económicos, las instituciones del Estado (en este caso la Judicial) demuestran que sólo se busca perseguir y encarcelar de cualquier manera a los opositores. Evo cumplió con su tarea: Inclusión Social; después ya no hay nada. Necesitamos un nuevo gobierno.

Ese no es un caso suelto, de hecho ya hay demasiadas personas perseguidas y encarceladas por razones injustas e infundamentadas. Desde que se publicó la Nueva Constitución Política del Estado en Bolivia (febrero de 2009), se ha logrado una ruptura del sistema de administración de justicia penal desde un punto de vista Garantista: existe una dualidad de protección de bienes jurídicos, se quiebra el principio universal de irretroactividad de la norma, y se busca a toda costa perseguir a la oposición bajo la excusa de la protección al Patrimonio del Estado. La CPE se muestra protectora más que al ser humano, al patrimonio, y ello se convierte en la herramienta del Gobierno de turno, para perseguir a sus opositores acusándolos de corruptos, cuyas consecuencias se traducen en la privación de libertad de muchos ellos.

XX CONGRESO LATINOAMERICANO, XV IBEROAMERICANO Y V NACIONAL DE DERECHO PENAL Y CRIMININOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

LIMA- PERÚ

DERECHO PENAL: ANTECEDENTES, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA

Laura Suaznábar Terrazas

1.      INTRODUCCIÓN

2.      BIEN JURÍDICO Y SISTEMA PENAL

3.      LA MISIÓN DEL DERECHO PENAL

4.      EL MODELO GARANTISTA

5.      DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO: AHORA

6.      EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN UN ESTADO DE DERECHO

7.      DERECHO PENAL A FUTURO

8.      FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL DERECHO PENAL

9.      A MANERA DE CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo, se hará referencia a lo que es el Derecho Penal Clásico o Modelo Garantista, las Nuevas Tendencias del Derecho Penal o “Moderno” Derecho Penal incluyendo allí al Derecho Penal del Enemigo, y la Expansión del Derecho Penal  (con el derecho penal de dos velocidades), concluyendo con una mención a la perspectiva a futuro del derecho penal y la fundamentación Antropológica que este debiera tener. Se expondrá el contenido mencionado haciendo simultáneamente un análisis del autor, debido a que es preocupante la situación del Derecho Penal Contemporáneo, porque el análisis de dicho y su relación con la historia, nos demuestra que desde sus inicios, y a pesar de la existencia de las Garantías en el Derecho Penal Clásico, éste siempre ha servido como instrumento de manifestación de poder llegando a la actualidad con un quebrantamiento descarado de derechos humanos.

2. BIEN JURÍDICO Y SISTEMA PENAL

En la actualidad hay diversas reflexiones en el derecho penal, que señalan la vaguedad en el concepto mismo del bien jurídico y la manipulación de la que puede ser utilizado éste. La esencia del Derecho penal deriva de la protección de bienes jurídicos que el mismo legislador es quien se la otorga, es decir, el concepto normativo de bien jurídico penalmente protegido es una creación artificial propiamente dicha, que puede ser reelaborada, manipulada y pervertida en sus elementos esenciales.

Así vemos una discusión que existe respecto de que bienes jurídicos pueden o deben ser los penalmente protegidos, puesto que existen nuevas tendencias por un lado, donde para algunas es factible la creación de nuevos intereses o bienes jurídicos (expansionismo o en algunos casos intensificación) y para otro sector de la dogmática ya no es necesaria la concepción propia del bien jurídico sino mas bien la vigencia de la norma, asegurando con esto la estabilidad de la misma. Así se hace énfasis en lo que sería el moderno derecho penal y su expansión, donde entre los más notables están: el derecho penal del enemigo y el derecho penal de dos velocidades como expansión del Derecho Penal que posteriormente estaremos desarrollando.

Adentrándonos en la doctrina, Derecho Penal es solo una parte del control social, que en realidad es manejado por el Estado, y además de éste, está inmerso dentro de una sociedad, y su cultura. Por ello, al hablar de Control Social, podemos referirnos, a tres tipos de control: El que no está institucionalizado y no tiene discurso punitivo (así podemos citar a la cultura, familia, educación, valores y principios inmersos en la conciencia colectiva como lo dijera Durkheim); aquel que estando institucionalizado no está dentro de lo que es el sistema jurídico (centros de estudio); como también aquellos que estando institucionalizados tienen discurso punitivo (allí entra el Sistema Penal, con el Derecho PENAL, el procesal penal y el penitenciario), y por ultimo aquellas instituciones que de a poco sin tener como fines explícitos los punitivos, tienen un discurso punitivo inmerso (los manicomnios, los asilos de ancianos).

El Sistema Penal al cual se hace referencia es aquel que está destinado a controlar el delito a través de la norma jurídica penal. Al interior de éste encontramos diferentes tipos de actores que básicamente son representados tanto por la policía (sistema penitenciario), el poder judicial (que ejecuta sentencias judiciales penales “hace cumplir la ley”), el legislativo (que hace las leyes penales) y el Ejecutivo y sus agentes políticos inmersos que básicamente son los que dictan el discurso a los tres ya mencionados para la creación de “ideas” del Sistema Penal. Lamentablemente, los últimos mencionados muchas veces se dejan llevar por lo que es el poder, inmiscuyendo políticas criminales que responden a sus discursos de emergencia para así, ganar más poder del que tienen y además generar “calma” distorsionada entre la gente que no sabe lo que es el Sistema Penal.

A través de la historia del Derecho Penal, hubo distorsiones acerca de lo que fue éste en el pasado. Si uno se pone a analizar y leer lo que es la historia del Derecho Penal, uno podrá descubrir que éste tuvo un pasado oscuro. Siempre hubo alguien quien juzgó a otros desde sus conveniencias y perspectivas, relegando a segundo plano los intereses colectivos. Antes del contrato ocurrió así, y después del contrato, esto se maximizó…. ¿porqué?, porque justamente, las personas delegadas para administrar justicia con respecto al contrato social, hicieron un abuso del poder concedido por el pueblo. Así, siempre se estigmatizó a quienes eran diferentes, o no convenían a aquellos que tenían el poder en sus manos (posteriormente como ya mencioné, haré mención al Derecho Penal del Enemigo que básicamente, tiene el mismo fondo segregador de antes -porque siempre hubo un enemigo-, aunque la forma y la realidad hayan cambiado). Vimos los diferentes tipos de castigo, y las diferentes concepciones que  tuvo de la Pena, con el transcurso de los años en el  desarrollo del Derecho Penal.

Comenzamos con el título de “RETRIBUCIÓN”, que ha tenido la Pena. Acá nos remontamos al Derecho PENAL premoderno, a ese castigo corporal inquisitorio e inhumano que  solo tenía como premisa: “VIGILAR Y CASTIGAR”, sin ningún afán de prevención ni especial, ni general. Acá considero que Heguel y Kant “se emocionaron” en el papel, al ser tan claros en sus posiciones con respecto a la retribución; y ni qué decir con el Tribunal de la Santa Inquisición, ¡vaya penas más creativas! 

Continuamos con el título de Prevención, acá se hace mención y se agradece a Cessare Beccaria, que en el transcurso del surgimiento del liberalismo, ILUMINÓ, con sus ideas a un nuevo Derecho Penal en 1764 abriendo una nueva etapa en la historia de la ciencia penal y del Derecho Penal Positivo, deteniendo, -aunque a la posteridad-, tanto derramamiento de sangre, quien sabe inocente, con respecto al castigo corporal.  

Ahora, hoy en día, después de haber visto los postulados del Iluminismo Garantista, se plantea una prevención especial (para el individuo desde la cárcel y el sistema penitenciario -que suplió a las penas corporales a partir del liberalismo-), y una prevención general a partir de la ley material. Cabe resaltar que se plantean tres tipos de teorías sobre la función que la pena debería tener…si es que se tuviera que elegir entre una teoría retribucionista, o su antagónica (utilitarista), se iría por la mixta o la de la unión que plantea una prevención especial y una general.

Llegamos al día de hoy, donde el derecho penal se ha desarrollado con fundamentos en el estado social y democrático de derecho, adecuando a este sus principios. Estos básicamente sirven para garantizar al individuo un debido proceso, y también para tener un derecho penal intachable (idealmente) y  frenar el abuso del poder punitivo del Estado. Entre éstos principios, podemos mencionar a: legalidad, proporcionalidad, celeridad, non bis in ídem, entre muchos otros.

3. LA MISIÓN DEL DERECHO PENAL

Se entiende por misión del Derecho Penal, a la protección de bienes jurídicos para unos y valores ético sociales para otros (para nosotros “intereses humanos” desde un punto de vista antropocéntrico debido a la fundamentación antropológica del Derecho Penal), que necesitan tutela jurídica, y que no pueden ser protegidos de otra forma, mas que a través del Derecho Penal y la coerción penal (que para algunos tendrá carácter retributivo y para otros tendrá carácter de prevención general, entre otros criterios como la re-socialización y la prevención especial).

Si hablamos de misión, son tres las posiciones existentes acerca de dicha:

 1) la protección de los bienes jurídicos ante posibles amenazas o puestas en peligro.

 2) la protección de valores ético-sociales, en la medida en que en ellos estén incluidos los bienes jurídicos.

 3) la prevención general confirmando el reconocimiento normativo.

 La importancia de determinar y establecer la misión del Derecho Penal, radica en que sabiendo y teniendo clara cual es la misión de dicho (cual es su objeto, meta), se tendrá claro el campo de actuación que debería tener éste, para así poder concretar dicha misión. Si no se determinaría y establecería de manera clara cual es la misión (por lo menos ideas de fondo claras, puesto que hoy en día se discute si son bienes jurídicos o valores ético-sociales los que tiene que proteger; en fin, a nuestro entender “intereses humanos”) el derecho penal estaría de adorno, sin campo de actuación, vago en el tiempo y sin razón de ser.

Otro punto, dentro lo que sería la importancia de determinar y establecer la misión del Derecho penal, es que sin tener una misión clara, la sociedad estaría vulnerable a tratos despóticos de quienes ostentan el poder; como es el caso del Derecho Penal Autoritario, donde la coexistencia de las garantías sociales y constitutivas es prácticamente inexistente. Ahora, la misión del derecho Penal, es un supuesto que varía de acuerdo a la Ideología del Poder del Sistema Estatal, puesto que (recordemos), al hacer una manipulación ideológica y sancionar a personas mas que a conductas, se deja mucho que desear.

Como tercer punto de importancia de la determinación de Derecho Penal con la ayuda del concepto “interés Humano y bien jurídico”, es que al determinar ésta misión, el legislador se va a servir de un criterio práctico y palpable a la hora de tomar sus decisiones, ofreciendo al mismo tiempo un criterio externo de comprobación de la justicia de  esas decisiones. Así, el legislador Penal, deberá medir sus decisiones con criterios justos y claros, utilizándolos al mismo tiempo para su justificación y crítica. Así, todo aquello que nada tenga que ver con la protección de los bienes jurídicos e intereses humanos deberá ser excluido del ámbito del Derecho Penal.

No solamente se deben proteger o los bienes jurídicos particulares, o los bienes jurídicos universales,  sino encontrar el punto de vinculación entre ambos. De manera que la protección de los bienes jurídicos particulares no sea mera “atribución salida de las funciones” del Derecho Penal y del Estado.

 Entonces la persona y su libre desarrollo, se convierten en el punto de referencia al que deben orientarse todos los bienes jurídicos protegidos por el Derecho penal. En este orden de ideas, los bienes jurídicos colectivos o universales se convierten en simplemente medios o vehículos al servicio del desarrollo personal de hombre que son los realmente protegibles.

4. EL MODELO GARANTISTA

El Derecho Penal Clásico o Modelo Garantista tiene  sus orígenes en acontecimientos sociales tan importantes como la Revolución Francesa y al principio de legalidad como uno de sus primeros pilares limitando el poder del Estado en su sentido más duro y estricto, en que este no pueda actuar ilimitadamente en perjuicio de sus gobernados. Su principal exponente fue Cesar Bonesana Marqués de Beccaria con su libro “De los delitos y de las Penas” aparecido en 1764 en Livorno, Italia. Tomó ideas de Alessandro Verri, Montesquieu y Rousseau, con quienes estaba familiarizado, las elaboró y con base en ellas dotó de un tratamiento coherente a los problemas procesales y penales vigentes en ese tiempo. Esto nadie lo había hecho antes que él.

El garantismo se caracteriza por ser un derecho penal demasiado formal y con cierta rigidez en su actuar, es decir, autolimitado en su esencia. Su concepción clásica es que ciertamente es un modelo violento de represión, pero también un instrumento de garantía de la libertad ciudadana, y como tal es indispensable para asegurar la convivencia; lo que no quiere decir que sea autónomo, sino un eslabón de la cadena; como ultima ratio para la solución de los problemas sociales. Se señalan como pecado original del garantismo al inmovilismo y se ejemplifica en tres aspectos:

1. El desprecio a todo lo que suponga abandonar sus principios.

2. El principio de intervención mínima como la principal base del garantismo.

3. La correcta interpretación de las leyes como directriz de la correcta aplicación de las leyes. 

El Principio de Legalidad Penal nace con el Estado de Derecho como consecuencia de un largo y sangriento proceso histórico, que representó el paso del Estado Absolutista al Estado Liberal gracias a la influencia del pensamiento político y filosófico del Iluminismo y de la Ilustración del siglo XVIII. Se traduce en “nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali”, así:

1º) Los pensamientos no son punibles;

2º) Sólo la ley puede definir y castigar los delitos y sus penas;

3º) La exclusividad del Congreso de la Nación como órgano-fuente de producción de la ley penal;

4º) La prohibición de la aplicación de la ley penal por analogía;

5º) Irretroactividad de la ley penal (salvo que la nueva ley favoreciera al justiciable);

6°) La necesidad de un proceso penal, como instrumento para investigar y determinar la responsabilidad penal del acusado, respetándose desde el inicio del mismo su estado de inocencia y permitiéndole amplias posibilidades de defensa.

En un Estado de Derecho es imperativo que, se le ofrezcan a la persona todas las posibilidades de defensa y se arbitren los medios técnicos y materiales para respetar su dignidad humana. Un Estado que no respeta garantías es un Estado que se ubica al mismo nivel del delincuente.    

5.      DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO: AHORA

Ahora, lo que verdaderamente preocupa es que ante la carrera por alcanzar dichas creaciones estructurales o “novedosas teorías” violentemos principios fundamentales o los reduzcamos a su mínima expresión. Que legitimemos o autoricemos al Estado, para con el pretexto de garantizar la “seguridad ciudadana” pueda violar las garantías individuales de sus gobernados, eso si verdaderamente preocupa y es lo que a toda costa debemos tratar de impedir los que bajo los principios de un derecho penal clásico, nos empezamos a desarrollar académicamente. Lo que significa que el garantismo está para protegernos del poder punitivo del Estado, para frenar el poder de dicho.

El moderno derecho penal en su esencia, en muchas ocasiones resulta ser más penalizador que despenalizador, podríamos decir que se identifica por que en éste derecho penal, abundan los delitos de peligro abstracto, las normas penales en blanco, se tutela una extensa protección a bienes jurídicos de carácter colectivo. Los valores colectivos supeditan cualquier otro, situación que se traduce en un debilitamiento respecto de los principios y garantías rectores del derecho penal clásico, legitimado a su vez, en un criterio positivo de decisiones criminalizadoras. Este nuevo derecho penal muchas veces tan “manoseado” por intereses diversos a la misma particularidad del derecho penal clásico o garantista, -pero que sin duda este derecho penal, tiene una favorable aceptación social, sobre todo de los agentes políticos y los medios de comunicación- no busca la prevalecencia del principio de intervención mínima o ultima ratio. Así el moderno derecho penal presenta un obstáculo para poder llevar a cabo un efectivo control de la actual problemática penal, puesto que atenta a la estrecha vinculación de los principios del derecho penal clásico con el poder punitivo del Estado, donde nace una política criminal demasiado pragmática, que pretende solucionar los problemas utilizando el derecho penal, pero utilizándolo como prima rattio, intentando solucionar con derecho penal todo lo concerniente a los problemas del Estado, atacando los efectos y no las causas. Aquí vemos a las diferentes políticas bajo distintos rótulo: “seguridad nacional”, “tolerancia cero”, “medidas de seguridad, anticipación de la punibilidad e introducción en las esferas de la privacidad”[1], que de una u otra forma hacen ver a un derecho penal simbólico, criminalizando a la pobreza o a aquellos que no estén a favor del sistema considerándolos peligrosos.

El Derecho Penal del Enemigo como una tendencia del moderno derecho penal expansionista simplemente hace una división entre los habitantes de un determinado Estado: se configura un (equívoco) Derecho Penal para enemigos, y un (redundante) derecho penal para los ciudadanos. Obviamente no de manera formal, pero subjetivamente se reducen las garantías de “individuos” que pueden ser “peligrosos” para la sociedad. Con éste derecho penal pareciera que se retrocede a lo que fue un derecho penal de autor (vigente en la época del nacional socialismo), considerando a ello un altibajo del Derecho Penal.

Como características del enemigo en el Estado a implementar este tipo de “derecho” se tiene que: el enemigo va a ser alguien que haya dejado el derecho conscientemente, lo haga de manera habitual, pero además tenga ciertas características ya no físicas, sino mas  organizativas que lo harán “enemigo del Estado”. Este Derecho penal del enemigo deviene de políticas criminales duras y las ansias de poder distorsionado de los actores políticos al olvidarse del bien común, utilizando al derecho penal para solucionar problemas que no le competen. 

Es preocupante pues, que las ideas o sistema funcionalista del profesor JAKOBS, comienzan a dar ya claras muestras de estarse aplicando en Estados “Democráticos” de derecho, que como se ha venido señalando, es usado cada vez mas por los gobernantes de diversos países para atacar los altos índices de delincuencia y legitimizar esta violencia, lo que si es un error, ya que se pretende por parte de éstos, solventar carencias en política social y económica, con derecho penal. Y de una u otra forma, ello ya viene desde años atrás, donde en sistemas jurídicos de Europa, Asia y algunos Estados Latinoamericanos se conoce que contaron con normas propias al Derecho Penal del Enemigo.

La expansión del Derecho Penal  con el Derecho Penal de Dos velocidades de Silva Sánchez que toma como principal idea la de la protección de los bienes jurídicos Universales antes de los particulares consiste en:

-         la primera velocidad seria aquella en la que se apliquen penas y medidas de seguridad, respetando a ultranza las garantías del individuo (derecho penal clásico, cárcel)

-         la segunda seria aquella en la que no habría pena privativa de la libertad, sino mas bien, habría sanciones que consistirían en multa (derecho penal de intervención)

-         y por ultimo agregaríamos una tercera, en la cual se contemplaría la flexibilización de las garantías (derecho penal del enemigo)

El derecho penal del enemigo es hijo legítimo del derecho penal simbólico, promovido por los discursos de emergencia. La legislación penal de emergencia se caracteriza por:    

a)      Fundarse en un hecho nuevo o extraordinario

b)      La existencia de un reclamo de la opinión pública a su dirigencia para generar la solución al problema causado por ese hecho nuevo;

c)      La sanción de una legislación penal con reglas diferentes a las tradicionales del Derecho Penal liberal (vulnerándose principios de intervención mínima, de legalidad -con la redacción de normas ambiguas o tipos penales en blanco o de peligro-, de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas, de resocialización del condenado, etc.);

d)     Los efectos de esa legislación “para el caso concreto” sancionada en tiempo veloz, que únicamente proporcionan a la sociedad una sensación de solución o reducción del problema, sin erradicarlo o disminuirlo efectivamente, dando nacimiento a un Derecho Penal simbólico. 

Por eso se dice que de una u otra forma Lombroso solo ha estado dormido, pues si bien antes se criminalizaba a un delincuente nato, ahora se criminaliza a un “hostis” extranjero o extraño, con un discurso criminal fashion, o “cool”, renaciendo así, a pesar de la existencia de los derechos humanos, un Autoritarismo infundamentado, populachero, sin ninguna ideología concreta y bien planteada, solo para acaparar poder, y poner en ascuas a la gente que realmente ignora lo que pasa tras las cortinas oscuras de un Sistema Penal.

Siempre se tuvo u enemigo, alguien que no encajo en una determinada sociedad. Talvez por los paradigmas de dicha, o simplemente, porque este nuevo extraño ha pensado diferente, así, podemos hablar de enemigos desde Roma, a los que se los denominaba “hostis judicatus”; si seguimos avanzando en el tiempo, podemos mencionar a las “brujas” en la inquisición; a los judíos en el Nazismo, y a los terroristas (a quienes se los confunde con Musulmanes) a partir de los atentados del 11 de septiembre u once de marzo) hoy en día.

El Derecho penal del enemigo, no puede ser admitido explícitamente por diferentes razones:

a)      En un estado de derecho simplemente las garantías deben ser para todos por igual, sin ninguna distinción;

b)      Las garantías del Estado de Derecho limitan el poder del Estado;

c)      El poder del estado no puede por ninguna razón excederse, sino estaríamos entrando a un tipo de autoritarismo, cosa inadmisible al interior de un Estado de Derecho.

Ahora si bien existe un tipo de autoritarismo en algunos países, este es un cool autoritarismo, puesto que los autoritarismos ideológicos de antes ya pasaron a la historia. Tampoco se puede implantar este tipo de Derecho penal del enemigo, porque cada ser humano, por más pobre que sea, o por las ideas que tenga es un ser humano, que tiene dignidad, y la misión del estado de derecho, es justamente velar por esa dignidad.

Al parecer, se quiere solucionar problemas de política social, educación, recursos humanos, metiendo a la cárcel a todo el mundo, criminalizando a los “hostis” y a la pobreza…dictando discursos de emergencia, que lo único que harán es hacer un expansionismo del Derecho penal…si seguimos así, podemos ver en un futuro a un Derecho penal que quebrantaría sus principios propios, tales como el de fragmentación y subsidiaridad. Y, la perspectiva que se tendría, sería incluso el caos carcelario, y la imposición de un todo poderoso en la tierra: el político, con la cárcel en la mano, el látigo del sistema penal al alcance de sus manos.

 Es por ello que hoy en día existen respuestas a este tipo de perspectivas, tales como la de Hassemer que nos indica que el derecho penal debe ser elevado a una última rattio de su expresión: un Derecho Penal Básico. Otros van a plantear un derecho Penal Mínimo a partir de sus puntos de vista, que tienen claro cual el fin y cual la función del Derecho Penal. Así, llegaremos a casos extremos como el del Abolicionismo plateado por Louk Hulsman, que indica que de una u otra forma el sistema penal no sirve para nada, y que los conflictos y problemas se deben solucionar por otro tipo de vías, que no sea la judicial penal lo cual es muy cierto, puesto que el fin no es satisfacer a la victima, es velar porque cada día se eviten vulneraciones a los Derecho Humanos y Garantías de los individuos, ir aplacando al crimen y lograr conseguir la abolición del Sistema Penal.

A ellos, solo debo agregarle que los medios de comunicación juegan un papel interesante, al convertirse en instrumento de alarma social y así, transformarse en base para los discursos de emergencia y por ende para la expansión del derecho penal, y la creación de este moderno y rebelde derecho penal actual.

6.      EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN UN ESTADO DE DERECHO  

De lo que podemos informarnos por la prensa, podemos interpretar que la más eficaz e inmediata solución política al problema de la inseguridad lo representan propuestas legislativas:

a) la tipificación de nuevos delitos;

b) el aumento de las escalas penales (en su mínimo y en su máximo);

c) la limitación de derechos penitenciarios; y

 d) la disminución de la edad de imputabilidad de los menores.  

¿Ello será suficiente para disminuir la tasa de criminalidad?

La prevención general que propugnan las leyes no es basta, no es suficiente una ley política de emergencia. Creemos que la cuestión pasa más bien por trabajar sobre las causas de la delincuencia y no sobre sus efectos a los fines preventivos generales.

 El delito tiene múltiples causas, y sobre ellas, el Estado debe trabajar responsablemente en busca de su disminución. Atacar las causas y no los efectos con palabras simples y repetidas como educación personal y familiar, igualdad de oportunidades laborales y sociales, generación de empleos genuinos y no subsidios estatales temporales, provisión de recursos humanos y materiales a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, capacitación profesional y reestructuración ética de sus integrantes pueden -quizás- marcarnos un camino más factible para llegar a disminuir el delito.  De ninguna manera, debemos marchar hacia construcciones jurídicas que buscan “proteger” mejor a la sociedad mediante la flexibilización o vulneración de principios clásicos de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, porque no debemos olvidarnos que en la postura de Jackobs, el mayor riesgo lo representa la incertidumbre de las pautas y el órgano-persona encargado de determinar quien es “el enemigo”. Así la sociedad pueda sentirse protegida dentro del marco que comprende un Estado de Derecho.   

“El problema de la inseguridad ciudadana está -más allá de la ‘sensación’ promovida por los medios de prensa-, y no es un problema nuevo”.   La solución no debe venir de las directrices de un Derecho Penal de Dos Velocidades o de un Derecho Penal del Enemigo, aunque esta pareciera ser la tendencia mundial y a la que, tal como estamos caminando, difícilmente podamos sustraernos. No existe razón lógica-científica, para que la preocupación obsesiva por una forma de delincuencia condicione la totalidad del sistema penal-procesal-penitenciario. Seguimos creyendo que las leyes penales, deben ser el resultado de un proceso reflexivo y científico, en el que se escuchen a los diferentes sectores de la comunidad. Se debe dejar de generar un Derecho Penal Simbólico, que como está demostrado, empíricamente, de nada sirve.  

7.      DERECHO PENAL A FUTURO

Derecho penal y derechos humanos. Si excluimos el sustantivo, en un caso singular y en el otro plural, quedan frente a frente los dos adjetivos: “penal” y “humanos”. “Penal” de pena, “humanos” de hombre, de seres humanos. Una pena por un lado y los seres humanos por el otro. Pero no hay que olvidar que ambos adjetivos están calificando un sustantivo: derecho y derechos, respectivamente. En un sentido literal, el derecho penal es el derecho que aplica penas a los seres humanos. Y los derechos humanos  son los derechos que tienen los seres humanos, ante todo, a no sufrir penas. También denota una oposición el singular de “derecho penal” y el plural de “derechos humanos”. El primero es el Derecho, único, manifestación del poder estatal, el segundo son los derechos, múltiples, no sólo en cuanto a su número sino en cuanto a sus titulares. Sin embargo, parecería extraño referirse a las penas previstas por el derecho penal como a violaciones de los derechos humanos. El derecho penal está legitimado, dadas determinadas condiciones jurídicas, políticas e institucionales, para establecer penas. Así como lo estuvo hasta determinado momento para establecer como pena los suplicios más espantosos, a los que ahora no vacilaríamos en calificar de violaciones de los derechos humanos.

Foucault recuerda que en la segunda mitad del siglo XVIII se levanta en forma casi unánime la protesta contra los suplicios. La protesta contra los suplicios se expresa “comme un cri du coeur ou de la nature indignée”: en el peor de los asesinos, una cosa, por lo menos, hay que respetar: su “humanidad”

El discurso mantenido por los operadores políticos hasta el momento nos lleva consecuentemente a un modelo futurista del Derecho Penal, con ciertos y necesarios anclajes del presente. Al parecer, de apoco aparecen los trazos de lo que es un derecho penal autoritario y represivo, y pareciera que al paso que vamos ello se va cumpliendo.

 Tenemos que partir de descartar definitivamente cualquier tipo de forma totalitaria de elaboración del Derecho Penal. La propia configuración de los Estados, de  las organizaciones supranacionales de ahora y del futuro nos da un pronóstico de continuidad del fundamento del Derecho punitivo en los principios y libertades de las estructuras democráticas, sociales y de Derecho. Así que el derecho penal del futuro sea contrariador de principios o no, va a depender de tener bien en claro su fundamento antropológico, así es deseable: Un Derecho Penal protector de bienes jurídicos esenciales para la protección de la sociedad; un Derecho Penal, con carácter de ultima ratio y de extrema ratio de la ultima ratio, para sus penas, especialmente para la pena privativa de libertad; un Derecho Penal que posibilite auténticas respuestas internacionales frente a las conductas que vulneren de forma grave los derechos humanos de todos los ciudadanos; un Derecho Penal que deje absoluta preferencia a otras reacciones sociales frente a la delincuencia. En síntesis, un Derecho para la igualdad y para la libertad. Ese debería ser el Derecho Penal del Futuro.

8.      FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL DERECHO PENAL

Lo que legitimaría al Derecho Penal sería su capacidad para reducir al mínimo posible el grado de violencia (en sentido amplio) que se genera en una sociedad. En efecto, la ausencia de un “Derecho” Penal supondría el abandono del control de la desviación al libre juego de las fuerzas sociales. En definitiva, a una dinámica de “agresión-venganza”.

El Derecho Penal debe proteger los bienes jurídicos de los individuos, tanto de las agresiones que provienen de los miembros del grupo social como aquellas que tienen su origen en los funcionarios del Estado.

  Resguarda al mismo tiempo la libertad pues parte de los preceptos constitucionales que dispone: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe (principio de reserva) y no será penado sin juicio previo (principio de debido proceso legal) fundado en ley anterior al hecho del proceso (principio de legalidad).

Así, el ejercicio de la función punitiva del Estado como mal necesario que es, requiere:

1.     que el perjuicio que se procura evitar sea mayor que el que se causa,

2.     que la pena sea efectiva para evitar esos perjuicios,

3.     que sea necesaria en el sentido de que no haya una medida más económica, en términos de daño social, que sea igualmente efectiva.

 La concreta configuración del sistema del Derecho Penal se muestra como el producto de una relación entre el interés en eliminar la violencia social extra penal y el interés en disminuir la propia violencia del sistema penal.

9.      A MANERA DE CONCLUSIÓN

Si hablamos de una fundamentación antropológica del Derecho Penal, es bueno destacar primero que el derecho penal en si mismo no da la libertad al hombre, sino solo la posibilita (pero la tiene que posibilitar bien). Así el Derecho Penal será un instrumento para garantizar al ser humano, el cual debe realizarse como tal. Con ello, viene el panorama actual del Derecho Penal, vale preguntarnos: ¿hacia donde va el Derecho Penal? Así, con ello, el Derecho Penal debe tener un fundamento antropológico, y sus  límites serán los Derecho Humanos. Si el derecho Penal tiene como fundamento al hombre, justamente, éste tendrá que ir dirigido hacia el bienestar de dicho.  Lamentablemente solo vemos a un derecho penal en el ejercicio de poder, que solo busca la efectividad de la norma, y no así la efectividad del derecho….el derecho será efectivo, siempre y cuando tenga como fundamento al hombre. Es que para cumplir con todos estos ideales (que lamentablemente lo son….solo ideales), el juez y el legislador deben ponerse en los zapatos del otro. Es una aspiración, quien sabe, a largo plazo, que solo dependerá de que los nuevos juristas busquen en su interior al significado verdadero de la justicia, y el verdadero fundamento del derecho penal, así, el derecho penal está para servir al hombre con el derecho, y no así se sirva el derecho del hombre, para en muchos años se tenga algo mejor que el Derecho Penal.

BIBLIOGRAFÍA

1.      Ferrajoli, Luigi: “El Derecho Penal Mínimo”*

2.      Guillamondegui, Luís Raúl: “Los Discursos de Emergencia y la Tendencia hacia un Derecho Penal del Enemigo”*

3.      Hulsman, Louk: “ El Paradigma abolicionista”*

4.      Jackobs, Günter: “Se debe Combatir con medidas especiales el crimen organizado”*

5.      Morillas Cueva, Lorenzo: “Reflexiones sobre el Derecho Penal del futuro”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*.

6.      Rodríguez, Cristian Gilberto: “Actuales Tendencias del Derecho Penal”*

7.      Zaffaroni, Eugenio Raúl (1986): “Manual de Derecho Penal, Parte general”. EDIAR, México. 

(*) Son artículos electrónicos enviados en la vía plataforma electrónica de mi facultad.

POR EL CONTENIDO, SOLO AVISARLES QUE ESTAMOS EN PROCESO DE INCLUIR VARIOS ARTÍCULOS A PEDIDO DEL PÚBLICO,  ENTRE LOS CUALES ESTÁN ALGUNOS SOBRE CRIMINALÍSTICA  Y LO QUE CONCIERNE A LA TEORÍA DEL DELITO.

ROGANDO SU COMPRENSIÓN, ESTAREMOS RESPONDIENDO A SUS SUGERENCIAS E INQUIETUDES.

RESPECTO A LO QUE SE REFIERE A LA HISTORIA DEL DERECHO PENAL, ES EVIDENTE SI SE LEE EL DESARROLLO DE LA UNIDAD QUE LOS ANÁLISIS PLANTEADOS ALLÍ ESTÁN EN BASE A LA BIBLIOGRAFÍA (QUE LAMENTABLEMENTE TENÍA ERRORES DE ESCRITURA, QUE RESULTO ALARMANTE PARA ALGUN LECTOR), DICHOS DETALLES YA FUERON CORREGIDOS).

GRACIAS POR SU PREFERENCIA Y MANTENGANSE EN CONTACTO

BOHEMIAGUERRERA

 

Lecturas
Loic Wacquant:
“Las cárceles de la miseria”
Fuente: http://www.po.org.ar/edm/edm28/lecturas.htm

Loic Wacquant es sociólogo; ha escrito numerosos textos sobre una tendencia creciente del capitalismo a instalar Estados policíacos en las principales metrópolis y por injerencia directa en sus países satélites. Wacquant es profesor en la Universidad de California-Berkley, ha sido invitado a las Universidades de Río de Janeiro, París, Berlín, Los Angeles y Nueva York, y es también miembro fundador del grupo de activistas académicos franceses llamados “Raisons d’agir” (Razón de Actuar).

La virtud del libro que nos ocupa (*) es que documenta ampliamente la denuncia del cuadro ultrarrepresivo montado por el imperialismo, y de este modo demuestra que para vender ‘tolerancia cero’ han tenido que fraguar datos y esconder estadísticas, montando una campaña mediática pocas veces vista.

La política de limpieza de clase (class-cleansing) que es propiciada como panacea universal frente a la inseguridad urbana, por gobiernos, fundaciones, marquetineros y otros charlatanes, dista de tener amplia vigencia en EE.UU.

Por el contrario, las ciudades donde bajó el delito no se llaman Nueva York (feudo del gatillo fácil de Rudolph Giuliani, dilapidador del presupuesto municipal), sino San Diego, Boston, etc., donde se aplican políticas de cooperación activa.

La politica de mano dura de Giuliani es rechazada en la mayoría de las ciudades de EE.UU. Portland, Indianapolis, Memphis y New Haven, entre otras, aplican medidas de cooperación activa que bajan los indices delictivos, y han reducido el nivel de detenciones y de denuncias.

No está de más el recordatorio de la brutalidad asesina y los abusos policiales, torturas sexuales incluidas. Dos hombres negros martirizados simbolizan la imposición de una politica jurídica y policial. Abner Louima, en 1998, fue sodomizado en una comisaría de Nueva York. En 1999, Amadou Diallo recibió 41 balazos en el pasillo de su casa en el Bronx; los policías asesinos fueron declarados inocentes por la corte del condado de Albany.

En marzo del ‘99, la Oficina de Derechos Cívicos del Ministerio de Justicia del estado de Nueva York señaló: “La política policial de ‘calidad de vida’ sólo pudo ponerse en práctica escarneciendo los derechos civiles elementales de los neoyorquinos negros y pobres, en primer lugar el de circular libremente sin ser detenidos, cacheados y humillados en público de manera arbitraria.”

En 1998, el criminólogo Adam Crawford presentó su libro Crime Prevention and Community Safety: Politics, Polices and Practices (Prevención del crimen y seguridad comunitaria: políticas, policías y prácticas). Allí escribe: “La ‘tolerancia cero’ es una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas. ¿Adónde está la ‘tolerancia cero’ para los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? La ‘tolerancia cero’ es en realidad una estrategia de intolerancia selectiva“.

“La causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales” (1).

En EE.UU., desde hace 20 años por lo menos, impera el “rigor penal”, cuyo resultado es la cuadruplicación de la población penitenciaria en un período en que la criminalidad se estancaba y luego retrocedía. Organos directos del gobierno estadounidense se han preocupado por imponer su visión sobre el problema represivo:

1) El Ministerio Federal de Justicia que propagandiza mediante la desinformación sobre criminalidad y encarcelamiento.

2) El Departamento de Estado, a través de las embajadas, milita en cada país por la aplicación de medidas penales ultrarrepresivas.

3) Los organismos parapúblicos y profesionales vinculados a la administración policial y penitenciaria (Fraternal Order of Police, American Correctional Association, American Jail Association, Sindicato de Guardiacárceles, etc.), asociaciones de defensa de las víctimas del crimen, medios de comunicación, empresas privadas ligadas al gran auge del negocio de la prisión (empresas de encarcelamiento, de salud penitenciaria, de construcción, de tecnologías de identificación y vigilancia, de estudios de arquitectura, de seguros y corretajes, etc.).

Acabar con las conquistas sociales y no distraer una moneda

Entre 1975 y 1985, a través de instituciones y asesorías se preparó la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan al gobierno de sus respectivos países, mediante un paciente trabajo de demolición intelectual contra el “Estado keynesiano de bienestar”.

American Enterprise Institute, Cato Institute, Heritage Foundation y el Manhattan Institute, fogonearon este lanzamiento.

En 1984, la mano derecha de Thatcher, Antony Fischer, y Willian Casey, posteriormente jefe de la CIA, lanzaron ‘la Biblia de los conservadores’: Losing Ground: American Social Policy, 1950/1980 , de Charles Murray (2).

Murray, empleado por la administración Reagan, ya había justificado la necesidad de reprimir violentamente los desórdenes provocados por los sectores populares expulsados del circuito

de consumo.

Losing Ground: American Social Policy 1950/1980, lanzado para avalar ‘científicamente’ el ataque general a las masas, contó con el voto del Congreso yanqui, con mayoría demócrata. El texto de Murray dice que, en EE.UU., el motivo del empantanamiento nacional son las políticas de ayuda a los indigentes, ya que se recompensa la inactividad y esto induce a la degeneración moral de las clases populares. También hace hincapié en las “uniones ilegítimas”, que son la causa última de todos los males sociales, entre ellos las “violencias urbanas”.

Charles Murray era un politólogo desocupado de baja reputación. El Manhattan Institute le pagó 30 mil dólares y lo bancó 2 años para que escribiera Losing Ground; luego, organizó una campaña sin precedentes en torno al libro, apoyándose en sus aliados periodísticos y burocráticos. Regaló mil ejemplares a un selecto número de periodistas, funcionarios e investigadores. A Murray lo hicieron participar en todos los talk shows televisivos, en conferencias universitarias y charlas con directivos de medios de comunicación y comentaristas de prensa.

El carácter trucho de la campaña fue señalado en un artículo de The New Republic (3): “Los invitados al gran simposio sobre Losing Ground, cobraron cada uno 1.500 dólares de honorarios y alojamiento gratuito en los mejores hoteles del centro de Nueva York.”

Losing Ground, a pesar de la falta de rigor, de estar plagado de sinsentidos lógicos y de errores empíricos, se convirtió de la noche a la mañana en un clásico del debate sobre la ayuda social en los EE.UU. y en el libro de cabecera de los explotadores de todo el planeta.

Unos años antes, George Gilder escribió otra apología que legaliza la arremetida explotadora, titulada Riqueza y Pobreza. El texto provocó que The Economist lo saludara con un significativo titular: “Benditos sean los que ganan dinero” (4).

Para Gilder, el origen de la miseria en EE.UU. es “la anarquía familiar entre los pobres, concentrados en el interior de la ciudad, provocada por las ayudas sociales que pervierten el deseo de trabajar, socavando la familia patriarcal y erosionando el fervor religioso que son desde siempre los tres principales resortes de la prosperidad”.

Bratton, convertido en consultor internacional, estuvo en Buenos Aires contratado por la agrupación de Beliz, Nueva Dirigencia. En una conferencia realizada por Heritage Foundation declaró: “En Nueva York sabemos dónde esta el enemigo: los squeegge-men (fregadores), esos individuos sin techo que acosan a los automovilistas para lavar sus parabrisas a cambio de unas monedas, los pequeños revendedores de droga, las prostitutas, los mendigos, los vagabundos y los autores de graffiti”.

Los recursos del Estado auxilian a los ricos y preparan el terror policíaco

En EE.UU., durante las presidencias de Reagan y Bush, la transferencia de recursos económicos de la asistencia social a la represión urbana y a los gastos de defensa nacional profundizó un déficit presupuestario sin precedentes, basado en asombrosos créditos militares y bajas impositivas enérgicas en favor de las familias y empresas más ricas (la deuda pública federal llegó a 5 billones de dólares y al 70% del PBI en 1995, contra un 33% en 1980, y el déficit de la balanza de pagos yanqui superó todos los récords).

En Nueva York, en cinco años de Giuliani y Bratton, aumentó el presupuesto policial en un 40%, hasta llegar a los 2.600 millones de dólares (4 veces más que los créditos de los hospitales públicos). Se contrató un ejército de 12.000 policías más para llegar a un total de 46.000 en 1999. En el mismo período, los servicios sociales perdían la tercera parte de sus créditos y sufrían la reducción de 8.000 puestos de trabajo. Sólo en 1996, en Nueva York fueron detenidas 314.292 personas.

La globalización de la limpieza de clase (Class Cleansing)

“Lo que la reducción del crimen en Nueva York consiguió realmente es que la filosofía elaborada por el Manhattan Institute y la Heritage Foundation se aplicara con gran éxito en otras ciudades” (5).

La experiencia Giulilani es imitada en todos los continentes.

En México, el presidente Zedillo, en agosto de 1998, lanza una “Cruzada contra el crimen” con medidas de ‘tolerancia cero’.

En Argentina, León Arslanian, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en setiembre del ‘98 señalaba que “aplicaremos la doctrina elaborada por Giuliani, los galpones abandonados serán convertidos en galpones penitenciarios (centros de detención)”.

En Brasil, en enero del ‘99, el gobernador de Brasilia, Joaquim Roriz, anunciaba la aplicación de la ‘tolerancia cero’ y la contratación inmediata de 800 policías civiles y militares. Ante las numerosas críticas que despertó esta política, que hacían notar que se iba a duplicar la población carcelaria con prisiones ya colapsadas, el funcionario replicaba que se construirían nuevas prisiones.

En Francia, en diciembre del ‘98, el Ministro de Interior, durante el programa “Suena el Teléfono”, propone la ‘tolerancia cero’ a la francesa.

En Alemania, la centroizquieda y la derecha proponen ‘tolerancia cero’. La Unión Cristiana Democrática lanza una campaña por el Null Toleranz en Francfurt, y otra contra la doble nacionalidad para no ser desbordados por las declaraciones racistas efectuadas por Gerhard Schroëder: “Los polacos son particularmente activos en el robo de autos; la prostitución es dominada por la mafia rusa; los criminales de la droga vienen del sudeste de Europa o del Africa negra… ya no deberíamos ser tan timoratos con los criminales extranjeros. Para quien viola nuestro derecho de hospitalidad hay una solución: afuera y rápido” (6).

En Italia, en 1997 hace furor la moda represiva. En 1999, Massimo D’Alema adopta una serie de medidas represivas: otorga mayores facultades a la policía y destituye al director de la administración penitenciaria, conocido por sus simpatías por los derechos de los detenidos y las políticas de reinserción social.

En Inglaterra, Tony Blair y Jack Straw acuerdan con la represión.

En Ciudad del Cabo, en febrero del ‘99 la ‘tolerancia cero’ se aplica contra los grupos islámicos radicalizados opuestos a la corrupción gubernamental. La versión sudafricana hace palidecer de envidia al original neoyorquino: barreras y controles policiales entre barrios, incursiones de comandos armados hasta los dientes en las zonas pobres como Cape Flats, y omnipresencia de las fuerzas represivas en las calles de Water Front, enclave rico y turístico del centro de la ciudad.

En Nueva York, medidas desopilantes si no tuvieran una naturaleza altamente represiva deben vivir los latinos, negros y pobres. Pueden ser arrestados quienes crucen las calles fuera de la senda peatonal, paseen perros sin correas, o carezcan de campanillas en la bicicleta.

Una investigación realizada por el diario New York Daily News señala: “El 80% de los jóvenes negros y latinos de la ciudad fueron arrestados y registrados al menos una vez por las fuerzas del orden.”

La hiperinflación carcelaria mundial

Las masas explotadas, expulsadas del mercado laboral y abandonadas por el Estado, son el principal blanco de la ‘tolerancia cero’. El desequilibrio económico que provoca la hiperactividad represiva y el derroche de medios que la acompaña, por una parte; y por la otra el atestamiento de los tribunales y la escasez agravada de recursos que los paraliza, tienen todo el aspecto de una denegación organizada de justicia (7).

En EE.UU. hay más de 5.700.000 personas en manos de la ‘justicia’, o sea el 5% de los mayores de 18 años (3.260.000 con prisión en suspenso, 685.000 en libertad condicional y 1.785.079 presos efectivos). El 75% de los detenidos son pequeños delincuentes y drogadependientes (8).

La tercera parte adulta masculina de EE.UU., 30 millones de individuos, tiene confeccionadas fichas criminales. Este banco de datos es consultado permanentemente por las patronales para negar empleo y también por las instituciones de asistencia social para eliminar subsidios.

El fichaje genético

En octubre del ‘98 el FBI puso oficialmente en funcionamiento un banco de datos nacional que contiene el perfil de ADN de centenares de miles de condenados a reclusión, y al cual pronto se sumarán todas las muestras de saliva y sangre recogidas en las prisiones.

En la primavera del ‘99, la secretaria de Justicia de EE.UU., Janet Reno, recomendó a un grupo de expertos gubernamentales *la National Commission on the Future of DNA Evidence* estudiar la posibilidad de ampliar el fichaje de los criminales comprobados a la totalidad de las personas detenidas por la policía, o sea alrededor de ¡15 millones de norteamericanos por año!

Destrucción de conquistas sociales y expansión represiva

Entre 1979 y 1990, los gastos penitenciarios de los Estados subieron 325% en concepto de funcionamiento y 612% en el rubro construcción; vale decir tres veces más rápido que los créditos militares en el nivel federal, pese a que éstos gozaron de favores especiales en las presidencias de Reagan y Bush.

Desde 1992, cuatro Estados dedicaban más de mil millones de dólares al encarcelamiento. En 1993, EE.UU. gastó 50% más para las prisiones que para la administración judicial (una década antes, ambos presupuestos, judicial y carcelario, eran iguales). Desde 1985 los créditos de funcionamiento destinados a prisiones superan anualmente los destinados a la ayuda social, incluso las sumas destinadas a la ayuda alimentaria a las familias pobres (Food Stamps).

La expansión del rigor penal no sólo fue obra de los republicanos. La administración Clinton colaboró para construir 213 nuevas prisiones. En 1993, el mundo penal de EE.UU. contaba con 600.000 trabajadores, con lo cual se convirtió en el tercer empleador del país, apenas por debajo de General Motors y de Wal-Mart.

En 1980, el salario mensual de un guardiacárcel era de 1.200 dólares; hoy es de 4.500 dólares (gana un 30% más que un profesor asistente de la Universidad de California).

El recorte sufrido por la ayuda social, la salud y la educación

Veamos tres ejemplos:

1) De 1979 a 1989 los créditos penitenciarios aumentaron 95%, los recursos destinados a los hospitales públicos se estancaron, las escuelas secundarias recibieron 2% menos y la asistencia social, 41% menos (9).

2) En los diez años que van de 1988 a 1998 el Estado de Nueva York incrementó sus gastos carcelarios en un 76%, mientras redujo los fondos a la enseñanza universitaria en un 29%. Medido en dinero, significó: 615 millones menos para los campus de la State University of New York y 761 millones más para las cárceles, lo cual significa más de mil millones si se contabilizan 300 millones aprobados separadamente para construir 3.100 nuevas plazas para el encarcelamiento de personas (10).

3) En 1994, George Pataki, gobernador electo por California, restableció la pena de muerte y aumentó los aranceles anuales de inscripción universitaria en 750 dólares, lo cual produjo al año siguiente la deserción de 10.000 estudiantes.

El purgatorio final de la prisión autogestionaria

El costo de cada presidiario en California es de 22.000 dólares por año: 3,3 veces más que el monto del subsidio AFDC (socorro para familias con niños) entregado a familias de 4 miembros.

Los ecónomos de la represión han dispuesto cinco medidas tendientes a lograr la autogestión carcelaria y un control coercitivo social de mayor rigor:

1) Disminuir el nivel de servicios a los internos de los presidios:

Suprimiendo ‘privilegios’: enseñanza, deportes, recreación y actividades destinadas a la reinserción.

Achicando las porciones dietéticas.

Anulando el café y los cigarrillos.

Prohibiendo el ingreso de materiales porno.

Eliminando equipos de pesas y gimnasia.

No permitiendo el ingreso de paquetes en Navidad.

2) Aplicar toda la tecnología a un exasperante control de cada minuto de la vida de cada interno.

3) Reintroducir castigos corporales y medidas vejatorias (picado de piedras, limpieza de zanjas con brigadas encadenadas con grilletes, uniformes a rayas y cabelleras rapadas).

4) Trasladar parte del costo económico a los mismos presos y sus familiares. Actualmente 20 Estados de EE.UU. facturan el día de detención a sus presidiarios, les cobran gastos de documentación, hacen pagar las comidas e imponen un arancel para la enfermería y otros para uso de lavandería, taller, electricidad, teléfono, etcétera. Algunos Estados no vacilan en iniciar causas penales para resarcimiento de gastos contra sus ex detenidos que contrajeron deudas con sus carceleros durante su estadía en prisión.

5) Imponer el trabajo descalificado en las cárcele s. Grandes empresas como Microsoft, TWA, Boeing y Konika ya utilizan, a través de subcontratistas, mano de obra prisionera. Los ‘expertos’ en el negocio consideran el desarrollo del trabajo asalariado carcelario como la fuente más importante de ahorros. Esta imposición despótica de trabajo descalificado, forzoso y sin leyes laborales es la médula filosófica del Workfare; bajo esas ideas se obliga a los desempleados a que acepten trabajos con un salario inferior al subsidio social para eliminar este costo del presupuesto estatal.

La prisión privada, una industria próspera

En 1999 ya existían 17 empresas contratistas que operaban en distintos estados de EE.UU. Estas S.A. se afanan por quedarse con una parte cada día más sustancial de los presupuestos municipales y federal. Dedicadas al negocio de las prisiones, ofrecen un menú de bienes y actividades: proyectos arquitectónicos, financiamiento para la construcción, mantenimiento, administración, seguros, empleados, búsqueda y transporte de presos, etc.

Desde 1983, esta actividad comercial ha multiplicado la cantidad de plazas (capacidad de celdas) de manera geométrica. En 1998, 4.630 plazas; en 1993, 32.555; y en 1998, 132.572.

Cotizan en Wall Street

Desde que Corrections Corporation of América, Correctional Service Corporation, Securitor (con sede en Londres) y Wackenhut comenzaron a cotizar en Bolsa, la industria carcelaria, que mueve 4.000 millones de dólares anuales, es una de las niñas mimadas de Wall Street.

Este fenomenal negocio hizo que sólo en 1996 se construyeran 26 prisiones federales y 96 penitenciarias estaduales. La publicación gráfica especializada en el rubro es Corrections Building News, y tiene una tirada de 12.000 ejemplares.

Desde hace unos años, American Correctional Association organiza una exposición anual de la industria carcelaria que dura 5 días. En 1997, en Orlando se reunieron 750 empresas que expusieron sus productos y servicios: esposas, armas de asalto, cerrojos y rejas a prueba de fallas, mobiliario para celdas, elementos cosméticos y alimentarios, sillas de inmovilización, cinturones de descarga eléctrica mortal, programas de desintoxicación, sistemas de vigilancia electrónica, programas de computación, bases de datos, etc.

Registrando la profundidad del fenómeno, Fortune Magazine (11) publicó una nota con el título de “Cómo enriquecerse gracias a las empresas que crecen más rápido”, en la que dice: “¿Aspira usted a obtener retornos elevados de sus inversiones, pero desconfía de las acciones sobrevaluadas (burbujas) de las grandes empresas (Blue Chips)? Las acciones de Mac Afee Associations, que fabrica programas antivirus, treparon, en 3 años, un 1.967%; las de Computadoras Dell 1.912%; y las de Corrections Corporation of America, que maneja cárceles privadas, un 747%, lo cual es un magnífico montón de plata.”

Educación con represión y cárcel como exclusión

Desde 1998, en Europa circula una ley sobre crimen y desorden, que suprime la “doli incapax” para los niños de 10 a 13 años, instaura vedas horarias (estado de sitio) para los menores de 10 años y autoriza un régimen de libertad vigilada para los preadolescentes desde los 10 años y su detención a partir de los 12 años por “conducta antisocial”.

España, Holanda, Italia y Alemania han reducido la edad de responsabilidad para penalizar a los adolescentes y establecieron la responsabilidad solidaria de los padres, civil y penal.

En EE.UU. e Inglaterra acaban de votar leyes que autorizan el encarcelamiento de los preadolescentes y su arresto por simple conducta antisocial, con el argumento “de que ahora se puede estar al acecho a los 10 años, robar un auto a los 13 y matar a los 16″.

En Kent (Inglaterra), en 1998, abrió sus puertas la primera prisión para niños bajo el beneplácito del gobierno laborista, asociado con una empresa privada.

En Rotterdam (Holanda) se creó una Oficina de Vigilancia (contra los jóvenes), la cual va a seguir etapa tras etapa a la totalidad de los menores de 18 años de esa ciudad *130.000 personas* para de esa forma identificar desde la más tierna infancia “a las familias con problemas múltiples y los medios de socialización delictiva”.

La Oficina, mediante cuestionarios entre los escolares, evalúa el bienestar material, emocional y cognitivo, las características de su medio social y su propensión a las conductas riesgosas (consumo de alcohol, estupefacientes, juegos y apuestas por dinero, delincuencia, etcétera).

Los docentes llenan un formulario que aporta el comportamiento de cada alumno (enfermedad, ausentismo, confianza en sí mismo, hiperactividad o nerviosismo, agresividad o conductas desviadas).

En 1998, en Rotterdam, estaban fichados 7.000 niños entre 11 y 12 años; dentro de pocos años estarán fichados todos los jóvenes entre los 0 y los 12 años.

El ministro del Interior ‘socialista’ francés, proclamó la reapertura de los presidios para niños “para encerrar a los salvajes”. Los diputados de izquierda fueron más lejos: mediante un informe elaborado por C. Lazergues y J. P. Balduyck, titulado “Réponses á la délinquance des mineurs”, plantearon “que deberían ser encarcelados los padres de los jóvenes delincuentes reincidentes”.

Elisabeth Guigon, ministra de Justicia, arengó a 1.500 secretarios seccionales del PSF, reunidos en La Mutualite, diciendo: “No se pueden encontrar soluciones ni en lo puramente educativo ni en lo puramente represivo, hay que combinar ambos aspectos” (12).

La ‘izquierda pluralista’ gobierna mediante el Estado policíaco

La politica de represión y arbitrariedad contra los negros conocida como “Ley y Orden” fue elaborada por los Estados más retrógrados del sur norteamericano. En 1968, Richard Nixon la desempolvó para enfrentar la creciente ola de movilizaciones afroamericanas y para reprimir al Movimiento por los Derechos Civiles.

La ‘izquierda pluralista’ que dirigió las últimas carnicerías desatadas por la Otan, ha adoptado como propia la consigna “Ley y Orden”.

En setiembre del ‘98, Le Monde publicó un llamamiento en favor de leyes más severas para combatir el delito. El texto, firmado por Regis Debray, se titulaba: “Republicains n’ayons pas peur”. Este izquierdista daba por sentado que pobreza, desocupación, inmigración y delincuencia son sinónimos. Reconvertido, se interroga: ¿significa acaso ceder a los cantos de sirena del racismo, comprobar que los barrios que tienen mayores problemas de violencia son aquellos donde la inmigración irregular está más difundida?

Los socialdemócratas suecos y los socialistas franceses de regreso al poder (1994 y 1997), se cuidaron mucho de derogar, como lo habían prometido durante sus campañas electorales, las leyes de seguridad votadas por los gobiernos conservadores que los precedieron.

Cuando en 1994 el Partido Laborista inglés era oposición, sus dirigentes juraban que cuando volvieran al gobierno eliminarían las cárceles con fines de lucro, diciendo que “las empresas privadas no deben sacar provecho del castigo estatal”.

En 1997, el izquierdista Jack Straw, a punto de ser nombrado ministro del Interior por el Partido Laborista, prometió honrar los contratos suscriptos con los privatizadores de las cárceles; no obstante, se comprometió a no abrir nuevos establecimientos. Un mes después Straw anunció al Parlamento que no era posible estatizar la prisión de Blackenhurst, un instituto penal privado de Midland, cuyo contrato había caducado, e invitaba a los privatizadores a participar de una nueva licitación.

Tony Blair y su gobierno de la Tercera Vía hicieron suyo el slogan de los tories “Dureza con el crimen, dureza con las causas del crimen”; es decir, mano de hierro con los pequeños delincuentes callejeros. Desde la llegada al poder del New Labour, la población carcelaria creció al ritmo desenfrenado de 1.000 personas por mes, o sea 10 veces más rápido que en el gobierno de ‘La Dama de Hierro’.

Combatir la desocupación instalando prisiones

La instalación de penitencierias en EE.UU. se muestra desvergonzadamente no sólo como un ataque a las libertades democráticas sino como una poderosa herramienta del combate contra la desocupación. Zonas rurales en decadencia, abandonadas por las políticas del gobierno, son empujadas mediantes hábiles estrategias propagandísticas y políticas a plebiscitar la instalación de prisiones.

También en la Argentina los habitantes desesperados de pequeñas localidad es transformadas en ciudades ‘fantasmas’ han sido colocados entre la espada y la pared: “Necesitan reactivar su economía para no desaparecer”. “Los habitantes de Vela esperan que una cárcel los salve”. “En un plebiscito, el 93% de los velenses apoyó la instalación de un presidio” (13). “Para nosotros, la cárcel, piden los vecinos de Villa Iris, en el partido bonaerense de Puan. Ayer se efectuó allí un plebiscito sobre la iniciativa de radicar una cárcel para 600 reclusos”; la consulta, promovida por el intendente de esta localidad, el radical Horacio López, es la cuarta que se realiza en municipios de la provincia, todas con resultados similares (14).

Para nosotros, la libertad

Carceles de la Miseria muestra el detalle casi milimétrico de una política económica agotada y sin recambio. Marx señaló, en El 18 Brumario, que la burguesía puede hacer con las bayonetas cualquier cosa menos sentarse sobre ellas. La represión ampliada a escala planetaria como controlador de vastísimas masas excluidas del consumo, es la declaración pública de la aguda debilidad de los explotadores, quienes ya no pueden proveer de lo elemental a sus esclavos para continuar explotándolos. La naturaleza coercitiva del rigor penal, impugnador de la creatividad humana y de la elaboración colectiva, ilumina la agonía terminal del imperialismo, que reclama, en carácter de urgente, que los trabajadores tomen en todo el mundo el destino en sus manos.

(*) Las cárceles de la miseria (Le Prisions de la misêre), de Loic Wacquant. Éditions Raisons D’ Agir (Noviembre de 1999), Ediciones Manantial, 186 páginas.

1. Willian Bratton, ex jefe policial en Nueva York durante la gestión de Guliani. La Nación, 17 de enero de 2000.

2. Nueva York, Basic Books, 1984

3. The New Republic, 25 de marzo de 1985.

4. “Blessed are the money-makers”, The Economist, 7 de marzo de 1981.

5. Rudolph Giuliani en la Conferencia “Ciudades dignas de vivirse”, abril de 1999.

6. Le Monde, 28 de enero de 1999.

7. Malcolm Feeley, The Process is the Punishment Handling Cases in Lower Criminal Court. Nueva York, Russell Sage Foundation, Págs. 199/243.

8. Bureau of Justice Statistics, Prison and Jail Inmate at Mid-Year 1998 Washington. Government Printing Office, marzo de 1999.

9. S. Donziger, The Real War Against Crime, Op. Cit., Pág. 48.

10. Robert Gangi, Vincent Schiaraldi y Jason Ziedenberg, New York State of Mind? Higher Education Vs. Prision Fundin in the Empire State 1988-1998. Washington Justice Policy Institute, 1998, Pág. 1.

11. Fortune Magazine, 29 de septiembre de 1997, Pág. 2.

12. Le Monde, 19 de enero de 1999, Madame Guigou, “Estime qu’il faut combiner répressif et éducatif”.

13. La Nación, 7 de mayo de 2000.

14. Página/12, 29 de mayo de 2000.

LOIC WACQUANT: